Tomado de: Ojo Público

A través de una carta, varios parlamentarios le pidieron al presidente suspender el proceso de contratación de los proyectos piloto de esta actividad por serios cuestionamientos sobre su carácter científico y la limitada participación de las comunidades, y hasta tanto no se discutan en el Congreso los proyectos de ley que buscan su prohibición.

Después de que el gobierno del presidente Iván Duque anunciara la adjudicación del primer contrato para la ejecución de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) a Ecopetrol en Puerto Wilches, Santander; 50 congresistas de diferentes partidos políticos enviaron una misiva al mandatario para solicitar suspender todo propósito al respecto.

“En esta carta expresamos serias dudas respecto a la posibilidad que tienen los PPII de entregar información certera sobre los riesgos del fracking que pueda reducir la incertidumbre, sobre el peligro que esta técnica representa para la salud de las comunidades y para el ambiente” expresan los congresistas y añaden: “solicitamos al Presidente de la República suspender de manera inmediata el proceso de contratación para la ejecución de los Pilotos de Fracking y/o los Contratos Especiales de Proyectos de Investigación (CEPI) y así brindar el espacio necesario para un debate riguroso y de cara al país sobre los dos proyectos de ley que buscan prohibir el fracking en Colombia”.

Teniendo en cuenta que al gobierno Duque le restan 20 meses de mandato, y que los efectos de esta práctica sobre el ambiente solamente se verían reflejados después de años de su implementación, hacer una evaluación sobre los proyectos piloto de fracking antes del 7 de agosto de 2022, tal como lo expresó el Ministro de Minas y Energía el pasado 6 de octubre, sería prácticamente imposible.

“Por otra parte, y sin consideración alguna de los llamados que hace el Consejo de Estado al rigor científico y a la vigilancia de la suficiencia de los datos, existen profundas dudas frente a la rigurosidad del proceso de desarrollo de los PPII, debido a que la información no sería adquirida directamente por el Estado sino por las empresas contratadas, interesadas comercialmente en la explotación” señala la carta enviada, que también hace énfasis en que el Gobierno no garantiza el blindaje suficiente frente a los efectos negativos del fracking en el medio ambiente y la salud de las comunidades, y tampoco han sido presentados a los territorios para garantizar su derecho a la participación, por lo que no es posible llevar a cabo pruebas piloto.

“En la actualidad, están transitando dos proyectos de ley sobre la conveniencia del fracking en Colombia, firmados por cerca de 50 congresistas. Un tema tan importante y complejo amerita un análisis sosegado, y un proceso participativo, con el que estamos comprometidos. El avance precipitado de los PPII obstaculizaría la deliberación parlamentaria y generaría inseguridad jurídica en la inversión industrial” expresan los parlamentarios en la carta.

Cabe recordar que actualmente existen varios procesos judiciales vigentes contra el fracking sin que se haya logrado desvirtuar la incertidumbre sobre su impactos social y ambiental, aún cuando se trata de pruebas piloto, “por ello, y en aras del respeto por la institucionalidad, es necesario que se tengan en cuenta estas variables antes de entrar a suscribir cualquier tipo de acuerdo contractual, so pena de correr con un riesgo innecesario frente a eventuales demandas en contra del Estado por incumplimiento”.

Finalmente, los congresistas recuerdan al mandatario de los colombianos que es obligación del Estado, garantizar a la ciudadanía y las comunidades todas las condiciones democráticas que tengan lugar para el debate público, por lo que piden que no se lleve a cabo la entrega de contratos para desarrollar los pilotos de fracking en ningún territorio del país.

Los congresistas firmantes de la carta, pertenecen a los partidos y movimientos Alianza Verde, Liberal, FARC, Polo Democrático, Decentes / Colombia Humana, MAIS, Cambio Radical y la U.

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