“La energía debe volver a estar bajo el control de la gente, con proyectos energéticos comunitarios y ciudadanos”.
En diciembre pasado, en plenas épocas decembrinas, el gobierno anunció el borrador de decreto para reglamentar los proyectos piloto de investigación integral (PPII) de fracking. La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, la élite política y los empresarios y gremios del gas lo avalaron arguyendo la urgencia de incorporar nuevas reservas para evitar la importación de este hidrocarburo. De otro modo, dentro de cuatro años, tendrían que incrementarse las tarifas del gas domiciliario. El otro argumento de quienes defienden el fracking es que el gas de yacimientos no convencionales es indispensable para la transición energética. Promueven la idea de que lo único que salvará al país de un “apocalíptico futuro” es la explotación del gas, sea en lutitas o en mantos de carbón. Parece una sin salida: condenados por seguir quemando fósiles y condenados si los dejamos de quemar.

Con respecto al primer argumento, la autosuficiencia energética fue un objetivo abandonado por los gobiernos desde principios de este siglo, y así sigue siendo. Se facilitó la inversión extranjera para ampliar la frontera extractiva en busca de nuevas reservas de gas y petróleo, sin mayor éxito, y se explotaron al máximo los viejos yacimientos de hidrocarburos hasta casi agotarlos. El propósito principal de la política pública de hidrocarburos ha sido incrementar al máximo su producción para aumentar así mismo sus exportaciones. De esa manera, se consolidó un modelo de desarrollo basado en el extractivismo, se agotaron las pocas reservas de hidrocarburos con que contaba el país y la economía se hizo dependiente de los ingresos de las exportaciones de hidrocarburos y carbón.

Y como no es posible extracción sin consumo energético, en la actualidad la mayor parte del consumo nacional del gas natural lo hace el propio sector extractivo, que hoy requiere más energía y obtiene una menor tasa de retorno energético. En el Cesar, el gas metano que extrae la empresa Drummond se usa en sus operaciones mineras, como lo confirma la Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME: el consumo residencial solo representa el 18 %, y los vehículos de transporte utilizan el 4 %. El resto, lo consumen la industria (incluido el sector extractivo), el sector petrolero y las termoeléctricas.

Sobre el segundo argumento, aunque se quiere promover el gas natural como combustible puente para la transición energética, lo cierto es que este energético, además de dejarnos anclados a los combustibles fósiles, acrecienta los problemas de orden local y global que acarrea su extracción. De acuerdo con el reporte estadístico de BP-2019, el consumo global de energía primaria de 2018 se incrementó en 2,9 % y este aumento se atribuye en esencia al gas natural, que se elevó en 40 %. En este crecimiento fue determinante el gas de esquito de los Estados Unidos. Además, a la extracción de gas natural están asociadas las fugas de metano, ventilación y quema del mismo. Según el Banco Mundial, la actividad de quema de gas en este país aumentó un 48 % de 2017 a 2018 y alcanzó 1,4 billones de pies cúbicos, lo que equivale al consumo de gas total de América Central y Suramérica en un año. Gran parte de estas quemas de gas se hicieron en las cuencas de donde se extrae gas de lutitas.

La crisis ambiental global, en particular la climática, exige actuar con sensatez. Es tiempo de una transición energética que nos implique, además de cambiar la matriz energética, hacer transformaciones culturales. La energía debe volver a estar bajo el control de la gente, con proyectos energéticos comunitarios y ciudadanos. Debemos comprometernos a transformar nuestras vidas y abandonar el derroche energético. Con un planeta en llamas, debemos exigir a las corporaciones del petróleo y a los y a los gobiernos compromisos reales para enfrentar estas crisis.

Columna de Tatiana Roa en #JusticiaAgraria un proyecto de @SemanaRural
Tomado de: Censat Agua Viva