Que esta norma regule pilotos de carácter “científico”, como ordenó el Consejo de Estado, es sencillamente indefendible. El Ministerio de Minas hace de juez y de parte. Su rol es ubicuo y solo les suelta parte del control a las empresas, pero no a la academia, a actores de la sociedad civil y ni siquiera a entes de control. Tiene la secretaría técnica de las instancias principales, la administración del “Centro de Transparencia”, la coordinación, con el Ministerio del Interior, de la línea base social y de los diálogos sociales, así como la decisión de cuáles pilotos se evalúan y cuándo (¿para qué son los demás pilotos entonces?). Dirán que la Academia está incluida porque en el Comité Evaluador (cuya mayoría es del gobierno) habrá dos “representantes expertos vinculados a universidades acreditadas”, lo que traduce cualquier amigo del gobierno que dé clase de cátedra en cualquier universidad prestigiosa o de garaje.

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Trasmitir información capciosa basada en sesgos ha sido una constante  en el Ministerio de Minas, y nada indica que será diferente desde su papel dominante durante los piloto 

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Trasmitir información capciosa basada en sesgos ha sido una constante de este Ministerio, y nada indica que será diferente desde su papel dominante durante los pilotos. Nos han dicho, por ejemplo, que sin fracking no podremos calentar el café en la mañana, pero no cuentan que, según la UPME, la demanda residencial es mucho menor que la de la misma industria petrolera y que esta brecha tiende a crecer. Nos hacen creer que el fracking en Estados Unidos ha sido un éxito, pero ocultan que en 2018 y el primer semestre de 2019 quebraron 54 empresas principalmente por costos asociados al tratamiento de las aguas (porque se utilizan cantidades exorbitantes y quedan muy contaminadas). Hablan de las enormes reservas, pero no cuentan que, a los tres años, los pozos pierden casi el 80% de su productividad, una insostenible tasa de declinación. Nos intentan convencer de la importancia para las finanzas de la nación, pero omiten que, haciendo fracking, las empresas pagarán 40 % menos en regalías, además de los copiosos beneficios tributarios con los que ya cuentan.

Los mecanismos para garantizar la licencia social, exigida por el Consejo de Estado, también son una fachada. Los llaman “diálogo social y relacionamiento territorial”, concepto que está desprovisto de los contenidos constitucionales y legales que tiene el derecho fundamental a la participación. Sus garantes son los ministerios dirigidos por María Fernanda Suárez y Alicia Arango, quienes no se caracterizan por su interés en estos campos. Y su diseño está hecho para que no tengan incidencia alguna, entre otras, porque el primer diálogo territorial ocurrirá después de que se firmen los contratos entre el gobierno y las empresas. Y la información, previamente filtrada por el Ministerio de Minas, solo se publicará en el “Centro de Transparencia” apenas se apruebe la primera licencia ambiental. Finalmente, porque, aunque supuestamente son proyectos no comerciales y para probar la inocuidad del fracking, se prevé participación económica a las comunidades por cada pozo, una fórmula ya probada de dividirlas y aprovecharse de sus necesidades económicas para sesgar su análisis propio.

El decreto, como si fuera poco, deja por fuera dos de los asuntos más apremiantes y sensibles del fracking: la contribución a la crisis climática y la radiactividad. Como lo mostró el ingeniero de petróleos Andrés Gómez, el metano que se extrae se libera a la atmósfera por múltiples fugas, y tiene un efecto de calentamiento más potente que el dióxido de carbono. Su liberación es invisible e inodora y ni en Estados Unidos saben monitorearla. Según estimaciones de este mismo autor, no hacer fracking y dejar enterradas estas reservas, contribuiría 67 veces más a la reducción de emisiones que aquellas que el gobierno nacional prometió frente al Acuerdo de París. Finalmente, la radiactividad brilla por su ausencia. Es un tema que ni siquiera trasnochó a la llamada Comisión de Expertos, pero que solo en Lousiana, Estados Unidos, ha motivado al menos 350 acciones legales.

El decreto solito ya es un atropello a la buena fe, a la decisión del Consejo de Estado y a la Constitución. ¿Nos quedaremos mirando pasivamente la catástrofe anunciada? ¿Nos creemos el cuento de que permitir los pilotos es estar del lado de la “ciencia”?

Los mecanismos para garantizar la licencia social, exigida por el Consejo de Estado, también son una fachada.. Sus garantes son los ministerios dirigidos por María Fernanda Suárez y Alicia Arango.

Tomado de: Las 2 Orillas