El sostenido proceso de apertura económica, privatización y transnacionalización de los
recursos naturales, bienes y servicios promovidos por los gobiernos de América Latina,
para sostener el incremento PIB; junto a políticas de uso intensivo y exportación de recursos
naturales, han incidido fuertemente en el desarrollo energético regional.
Estas políticas, lejos de resolver los desafíos socioambientales y las necesidades de desarrollo
económico en América Latina, han perpetuado e incluso, intensificado, problemas como
la inequidad social, la degradación ambiental, la destrucción de territorios y el detrimento
de las economías locales en muchos países, generado niveles de conflictividad creciente
entre el Estado y los ciudadanos.
La energía, como insumo fundamental de sectores energointensivos y de las economías
exportadoras, se ha convertido en un sector especialmente atractivo para la inversión
extranjera. Recursos energéticos como el petróleo, el gas natural y los abundantes recursos
hídricos de la región despertaron el interés de las empresas transnacionales como REPSOL,
ENDESA, IBERDOLA y AES-GENER, por citar algunas. Simultáneamente, las políticas sobre
propiedad y manejo de los recursos naturales, entre ellos los energéticos, están conformando
un área de creciente interés político y movilización en los movimientos sociales y la sociedad
civil.
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