La Alianza Colombia Libre de Fracking considera que el Gobierno está intentando legitimar una falsa participación ciudadana a través de una consulta que no es vinculante. El Minminas escuchará a la ciudadanía sobre este tema el 16 de enero próximo con la Mesa Ambiental creada en el marco de la Gran Conversación Nacional.
Como sordo y ciego catalogó la Alianza Colombia Libre de Fracking al Gobierno nacional ante la publicación del proyecto de decreto por medio del cual se fijan los lineamientos para adelantar Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) en yacimientos no convencionales de hidrocarburos con la utilización de la técnica de fracturamiento hidráulico, también conocida como fracking.
“Este Gobierno continúa en la línea del monólogo en el marco de la conversación nacional y no escucha las reivindicaciones por las que la gente ha decidido salir a las calles”, comentó Carlos Andrés Santiago, vocero de la Alianza Colombia Libre de Fracking, para quien la decisión de esta cartera lo que hace es darle a la movilización, que continuará en enero, más fuerza y argumentos. “Está apagando un incendio con gasolina”, sostiene.
Frente a la forma, la Alianza considera que publicar este borrador de decreto en plenas festividades de fin de año, demuestra que el Gobierno no busca garantizar la participación real y efectiva de la ciudadanía en este tema. “La Comisión de Expertos indicaba que no había suficiente participación ciudadana y la manera de hacerla no es por la puerta de atrás, cuando todo el mundo está en familia y relajado”, manifesta.
Santiago cree, además, que el espacio a comentarios, observaciones y propuestas que abrió el Ministerio hasta el 16 de enero de 2020 (4 días antes de que entre en vigencia), no servirán para nada, en vista de que no son vinculantes. “Con eso están intentando legitimar una falsa participación ciudadana. Claramente es un espacio de consulta que no tendrá efectos reales, ya que el Gobierno tiene claro que va expedir el decreto, el cual muy seguramente ya fue consultado con las petroleras y busca favorecerlas. Las modificaciones que se hagan no irán en contra de las compañías y, obviamente, pasarán por encima del interés común porque ya la decisión política está”, comenta Santiago.
Para esta organización la iniciativa publicada el jueves en la noche por el Ministerio de Minas y Energía es una burla a la ciudadanía que ha salido a las calles en medio del paro nacional a exigir, entre otras cosas, la no implementación del fracking en el país.
El vocero de la Alianza Colombia Libre de Fracking afirmó que, adicional a la presión social, utilizarán todas las herramientas jurídicas que estén a su alcance para seguir defendiendo el medioambiente. “Ya estamos con nuestros abogados revisando el borrador y una vez quede en firme procederemos, porque una cosa es lo que quiere el Gobierno y otra es lo que digan los tribunales que definirán si el decreto cumple o sigue violando el principio de precaución“, expresa.
Santiago asegura que el Gobierno va en contravía de sus promesas de campaña y está actuando de manera irresponsable. Él no entiende el porqué si en otros lugares se está prohibiendo el fracking, basados en la investigación científica, en Colombia le está abriendo la puerta. “Un Gobierno que se ufana de estar preocupado por el cambio climático y que va a las cumbres a hablar sobre el liderazgo regional en esta materia, es ilógico que esté apoyando la implementación de esta técnica que emite grandes cantidades de metano, el gas que más aporta a la generación de gases efecto invernadero”, indica.
Para el portavoz los recursos que se destinarán a los pilotos de fracking se deberían invertir en energías renovables que contribuyan a construir un modelo de sociedad diferente. “¿Si en otros lugares como el Reino Unido ya se tienen experiencias negativas con esta técnica, qué permite creer que acá va a ser mejor?. En Colombia, por ejemplo, no existe la institucionalidad robusta capaz de garantizar un monitoreo serio a estos proyectos y tampoco estudios suficientes sobre sus impactos en la salud pública y los acuíferos. Es una irresponsabilidad”, recalcó.
Sobre el particular, Juan Pablo Ruiz, economista con maestría en estudios ambientales e integrante de la Comisión de Expertos convocada por el Gobierno, resaltó que este era un primer borrador abierto a comentarios, sin que eso significara que el decreto ya estuviera aprobado.
“La reglamentación previa para hacer los pilotos de investigación integral fue una de las recomendaciones hechas por la comisión. Sin ésta no se podía avanzar y eso es lo que está haciendo el gobierno. Con esta normativa la Anla tendrá, por ejemplo, términos de referencia”, señala.
El Gobierno nacional plantea la realización de una reunión especial para escuchar a la ciudadanía el 16 de enero del próximo año con la Mesa Ambiental creada en el marco de la Gran Conversación Nacional.
El proyecto también indica que las empresas deberán elaborar un plan de fortalecimiento institucional dirigido a la técnica de fracking, a más tardar hasta el próximo 30 de junio, y señala que la exploración de los yacimientos no convencionales se adelantará en tres etapas: condiciones previas, concomitante y etapa de evaluación, las cuales estarán sujetas a la expedición de una licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Los aspectos técnicos, entre tanto, serán definidos por el Ministerio de Minas.
Según la jefe de esta cartera, María Fernanda Suárez, las reservas de petróleo y gas se van a acabar en el país en los próximos años si no se hace fracking. “Hace más de un año convocamos una comisión de expertos y recomendó hacer los proyectos pilotos, luego el Consejo de Estado detiene la explotación comercial, pero permite los pilotos”, dijo la funcionaria en una entrevista en Caracol Radio.
Suárez agregó que el Gobierno está dispuesto a dar el debate, siempre y cuando este sea técnico y no emocional, pues sostuvo que uno de sus objetivos era ampliar la capacidad energética y económica del país, a través del incremento de las reservas.
En las 19 páginas que conforman el proyecto de decreto se contempla una compensación económica de 1.000 millones de pesos, así como el 1% de las ganancias derivadas de la extracción de petroleo o gas en las comunidades involucradas en los territorios.
Los interesados en realizar comentarios, observaciones o propuestas para el proyecto de decreto, podrán hacerlo diligenciando un formulario que aparece en el siguiente enlace: https://www.minenergia.gov.co/foros?idForo=24162581
Tomado de SEMANA SOSTENIBLE
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