Colombia requiere una nueva Política Pública Mineroenergética que sea instrumento de paz y desarrollo territorial en nuestro país; una política pública de Estado que consulte a todos los actores de la sociedad que están involucrados en los procesos de
exploración y usufructo de los bienes naturales; que disfrutamos y/o que somos afectados por los múltiples impactos de esta industria; una política pública mineroenergética que se ponga a tono con la prevención de la crisis climática planetaria y que reconozca la necesidad inaplazable de impulsar una transición energética que priorice el uso de fuentes energéticas alternativas y el mejoramiento de las condiciones de vida de las próximas generaciones de seres vivos humanos y no humanos.